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• El Proyecto de Ley moderniza la normativa vigente desde 1992 e integra medidas de digitalización, bioeconomía y simplificación administrativa
• El texto refuerza la protección del patrimonio forestal andaluz y actualiza figuras clave como el Registro de Montes Públicos

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Montes de Andalucía (LEMA), un paso decisivo para renovar el marco jurídico que rige los espacios forestales de la comunidad. Tras más de tres décadas desde la aprobación de la Ley Forestal de 1992, la futura normativa se alinea ahora con los retos actuales del territorio, incorporando avances científicos, nuevas tecnologías y una visión más integral del territorio rural. El texto será tramitado en el Parlamento andaluz durante los próximos meses.

La actualización responde a la necesidad de abordar vacíos normativos pendientes y avanzar hacia un modelo de gestión sostenible, coherente con la legislación estatal de 2003 y con la reciente “Adecuación del Plan Forestal Andaluz al Horizonte 2030”, que subraya la urgencia de revisar la política forestal andaluza.

Principales líneas de actuación

El proyecto se articula en 7 títulos y 144 artículos, organizados para abordar desde la clasificación jurídica de los montes hasta la conservación, la gestión sostenible y el régimen de responsabilidades. El texto introduce avances destinados a reforzar la planificación y la protección forestal:

• Modernización de la cooperación entre administraciones mediante convenios que garantizan la corresponsabilidad en la gestión de los montes públicos.

• Creación del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituya y amplía las funciones del anterior órgano consultivo.

• Regulación actualizada de los montes públicos y privados, con figuras como el “monte protector” - una categoría jurídica de monte privado que recibe un reconocimiento especial por su valor ecológico, hidrológico, paisajístico o social- para incentivar su conservación.

• Incorporación de un título específico de información y estadística forestal para mejorar la planificación basada en datos.

• Recuperación del Fondo de Mejoras, una herramienta esencial para los montes públicos catalogados que será regulada por la propia ley y facilitará la ejecución de actuaciones de mejora y restauración.

• Creación de la Red Muestra, integrada por montes públicos y privados ejemplares en gestión sostenible, y el impulso de un Programa de Divulgación Forestal para acercar estos conocimientos a la sociedad.

Claves de simplificación y modernización

La ley también apuesta por una administración más ágil y orientada a resultados. En esta línea, introduce una serie de medidas destinadas a facilitar la actividad forestal y reforzar la gestión sostenible del territorio:

• Sustitución de numerosos procedimientos de autorización por declaraciones responsables, reduciendo trámites y acelerando intervenciones.

• Impulso a la digitalización, la innovación y el uso de tecnologías -incluyendo sistemas basados en IA- para apoyar la gestión, la conservación y la restauración forestal.

• Reforzamiento del papel de la ganadería extensiva en la prevención de incendios y el mantenimiento de ecosistemas forestales.

• Promoción de la certificación forestal y de nuevos modelos tipo de planificación capaces de integrar objetivos ambientales, sociales y económicos.

• Actualización de la normativa de clasificación de los montes públicos mediante la transformación del antiguo Catálogo en el Registro de montes Públicos de Andalucía, con criterios más claros que distinguen entre montes demaniales y patrimoniales. Esta reordenación se acompaña de un sistema unificado de usos, aprovechamientos, deslindes y recuperación posesoria.

Bioeconomía y clima

La futura LEMA refuerza el vínculo entre la gestión forestal y el desarrollo rural. Para ello, contempla mecanismos que permiten que los productos forestales con valor de mercado generados en actuaciones de mejora puedan contribuir a financiar las propias intervenciones, favoreciendo la bioeconomía local.

Además, incorpora por primera vez una base jurídica para los servicios ambientales, sentando los cimientos de sistemas de compensación vinculados a beneficios como la captura de carbono, la regulación hídrica o la protección del suelo.

También se impulsará la colaboración público-privada mediante la creación de entidades selvícolas de colaboración, dirigidas a facilitar la ejecución de actuaciones forestales y mejorar los tiempos de respuesta administrativa.

Futuros pasos

Tras un dilatado proceso administrativo -desde el inicio de las consultas en 2023 hasta la aprobación del proyecto en noviembre de 2025-, la nueva Ley de Montes encara ahora su fase parlamentaria. Su contenido supone un paso decisivo para consolidar la protección del patrimonio forestal andaluz, apoyar a propietarios públicos y privados y promover un modelo de gestión que combine conservación, desarrollo rural y resiliencia con el entorno.

La LEMA aspira, en definitiva, a ofrecer un marco jurídico moderno y coherente que permita afrontar desafíos como el cambio climático, la despoblación rural y la transición hacia una bioeconomía forestal sólida y competitiva.