• El Parlamento de Andalucía aprueba el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar que lucha contra las brechas de género en los sectores agrario y pesquero
• El Estatuto busca garantizar el acceso de las mujeres a recursos, empleo y una protección adecuada frente a la violencia y el acoso

Según datos de la Junta de Andalucía y la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la presencia de las mujeres en la economía andaluza en el 2020 suponía un 42% y, centrándonos en el sector agrícola y pesquero, representaban un 25% y un 20% respectivamente. Acorde a las estadísticas, resulta palpable la necesidad de una regulación que ampare a las mujeres y fomente su presencia y representación en todos los sectores y, en este caso, en el sector primario.

El pasado miércoles 6 de noviembre, el Parlamento de Andalucía aprobó el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar. La normativa supone un avance histórico para la legislación en cuestiones de protección de la mujer, además de ser un proyecto vanguardista y pionero.

La presidenta de Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales (COAMUR), Adela Romero, explicó que la idea de impulsar este Estatuto surgió al constatar las desigualdades estructurales en el sector agroalimentario, donde “no hay mujeres en puestos directivos, ni en grupos de desarrollo”. Inspiradas por iniciativas como la titularidad compartida, decidieron llevar la propuesta a Andalucía a través del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Según relató, “las asociaciones comenzaron a dinamizar actividades y trabajar en la visibilización de las mujeres en los medios de comunicación, así como en la paridad y la equidad en los grupos de desarrollo rural y pesquero”.

Puntos clave

El código del Estatuto, que se compone de 29 artículos, establece un marco integral para fomentar la igualdad de género en los sectores agrario, agroalimentario y pesquero, abordando aspectos clave como:

• Acceso a ayudas y subvenciones: las bases reguladoras de las mismas deben asignar un 10% de la puntuación máxima a las solicitudes que promuevan la igualdad de género.
• Acceso al crédito: se promoverán medidas para garantizar que las mujeres de estos sectores accedan al crédito sin brechas de género.
• Ayudas a entidades de mujeres rurales: subvenciones para organizaciones que busquen la igualdad de género en el ámbito rural.
• Promoción del trabajo de mujeres: dándole prioridad a la contratación de mujeres mediante un sistema que respete los principios de objetividad y concurrencia.
• Apoyo al trabajo autónomo: con iniciativas de economía social impulsadas por mujeres.
• Salud laboral: protección especial del embarazo y maternidad y medidas de salud laboral específicas para mujeres.
• Protección frente al acoso sexual y por razón de género: actividades formativas dirigidas a empresas y organizaciones relevantes en esta materia.
• Titularidad compartida: se promoverá la titularidad compartida de las explotaciones agrarias a través de asesoramiento técnico en los trámites.
• Medidas específicas de representación equilibrada: exigiendo una representación justa y equitativa de mujeres y hombres en los Grupos de Acción Local, con sanciones en caso de incumplimiento.

Proceso de elaboración y desafíos pendientes

La Junta de Andalucía ha consensuado la redacción del proyecto de ley en colaboración con entidades representativas de los profesionales del sector como ASAJA, COAG y UPA y de Cooperativas Agroalimentarias, la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes), la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (Afammer), la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales (COAMUR)

Adela Romero subraya que fue fundamental el trabajo en equipo para presionar por la elaboración de un borrador con medidas concretas, incluyendo recursos para agricultoras, tecnologías con perspectiva de género y la visibilización en los medios.

Sin embargo, no todas las propuestas lograron incluirse. La presidenta lamentó que no se contemplaran medidas específicas para mujeres migrantes y temporeras, “debido a la falta de conexión entre las organizaciones de mujeres y estos colectivos”. A pesar de ello, expresó su satisfacción porque la mayoría de las medidas fueron aceptadas.

Por último, enfatizó que estas iniciativas no solo benefician a Andalucía, sino que deberían extenderse a nivel nacional y europeo, por lo que habría que trasladar estas demandas a un ámbito más amplio destacando la necesidad de contemplar la realidad de las mujeres rurales más allá de las cooperativas.