04 de Julio de 2024
La nueva interpretación del concepto de causa mayor exime a los Estados miembros de la necesidad de una evaluación caso por caso. No obstante, la nueva interpretación de esta norma también incluye condiciones para permitir la presunción de que todos los agricultores situados en una zona están cubiertos por casos de fuerza mayor.
- Una nueva comunicación de la Comisión Europea exime al sector agrario de trámites burocráticos en el uso de los casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales de la PAC en catástrofes medioambientales
- La nueva aplicación del concepto de “fuerza mayor” permite la inclusión de todos los agricultores que trabajen en una zona delimitada por catástrofes naturales dentro de dicha excepcionalidad y los exime de realizar peticiones particulares
- Los estados miembros podrán delimitar dichas áreas vía satélite y sin necesidad de evaluar caso por caso
Llegan nuevas medidas de simplificación de la PAC para reducir la carga administrativa de las y los agricultores de toda la Unión Europea (UE) de forma duradera. En esta ocasión, la Comisión Europea (CE) ha emitido una comunicación para aclarar el uso del concepto de “fuerza mayor” y circunstancias excepcionales para el sector agrario de la UE en caso de fenómenos meteorológicos imprevisibles y extremos. La aclaración va dirigida a ofrecer seguridad a los agricultores afectados por la Política Agraria Común (PAC), garantizando una aplicación uniforme de esta figura en toda la Unión por parte de las administraciones nacionales.
El concepto de fuerza mayor permite a los agricultores que no hayan podido cumplir todos los requisitos de la PAC debido a acontecimientos excepcionales fuera de su control (como sequías graves o inundaciones) no perder la ayuda de la PAC. La aplicación de este concepto la deciden los Estados miembros sobre las evidencias del terreno y a la luz del Derecho agrícola de la UE. Hasta ahora, la excepcionalidad del uso de fuerza mayor se aplicaba de manera restrictiva, generalmente caso por caso y evaluando en cada caso explotación por explotación.
No obstante, con la nueva comunicación de la CE, el uso del concepto de “fuerza mayor” puede aplicarse a todos los agricultores y agricultoras que trabajen en una zona delimitada que se haya visto afectada por catástrofes naturales graves e imprevisibles a consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Esto implica que los agricultores que caigan dentro de la zona afectada no tendrán que cumplimentar solicitudes individuales ni aportar pruebas del cumplimiento de las condiciones de fuerza mayor, lo cual reduce la carga administrativa en el trabajador y concede una respuesta más rápida por parte del Estado a las contingencias acaecidas.
Exención y presunción
La nueva interpretación del concepto de causa mayor exime a los Estados miembros de la necesidad de una evaluación caso por caso. No obstante, la nueva interpretación de esta norma también incluye condiciones para permitir la presunción de que todos los agricultores situados en una zona están cubiertos por casos de fuerza mayor.
Para la delimitación de la zona por catástrofes climáticas, los Estados miembros podrán usar datos satelitales de la zona afectada en su conjunto, sin necesidad de información específica de cada una de las explotaciones ubicadas en dicha área. Para la delimitación de causas de fuerza mayor, las administraciones nacionales también podrán usar información adicional como el tipo de pendiente, de suelo o de cultivos sembrados, para definir al conjunto de la población afectada, sin necesidad de inspecciones individuales. Esto serviría para casos como, por ejemplo, de heladas, que pueden no afectar de la misma manera a todos los cultivos, o de lluvias torrenciales, que pueden incidir de una forma u otra según las pendientes y tipos de suelo.
La Comisión establece cauces para que los Estados miembros obtengan orientación jurídica siempre que sea necesario.
Contexto
Tras las distintas manifestaciones a principio de año y a nivel europeo por parte del sector agrario, la CE presentó sus primeras medidas de simplificación para reducir la carga administrativa de los agricultores de la UE de manera permanente. Finalmente, el 15 de marzo, presentó su propuesta de revisión específica de la Política Agraria Común, que entró en vigor el 25 de mayo tras haber sido aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeos.