La economía circular es un concepto económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y cuyo objetivo es la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio en materias primas, agua y fuentes de energía. Se busca pasar de un modelo productivo lineal (producir, usar y tirar) hacia otro circular, basado en el principio de ciclo cerrado de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía; algo que también afecta a la cadena alimentaria.
De seguir con el actual modelo lineal se agotarían nuestras fuentes y suministros, por eso la economía circular se ha convertido en la esperanza. Con esta fórmula cerraremos el ciclo de la producción con el menor impacto para la naturaleza, generando riqueza y empleo. Según recoge la Comisión Europea se podrían crear, para 2030, entre 1 y 2 millones de puestos de trabajo en el conjunto de los países comunitarios.
Anclada la visión de lo rural en su identificación con un escenario de atraso, la visión mediática de España en los últimos años dibuja un perfil abrumadoramente urbano. Sin embargo, el 90% del territorio español es rural. Un vasto espacio callado. Su futuro no debe ser ni espacio relíctico, ni referencia emocional, sino responder a un proyecto propio y, al tiempo, sostenible y solidario.
A finales del siglo XX, el 19,4% de la población residía en municipios rurales. Apenas diez años después ese porcentaje ha descendido al 17,7%. La caída ha sido particularmente acusada en municipios menores de 2.000 habitantes, con más de un 30% de pérdida de población. Tres cuartas partes de los municipios rurales presentan crecimiento negativo, frente a los urbanos, donde el 91% registran aumentos. La renta per cápita media de los municipios rurales era de 11.463 euros por habitante en 2010, frente a los 13.916 euros de los urbanos. La población activa residente en municipios rurales era de más de 3,3 millones, muy inferior a la urbana, que ascendía a más de 17,9 millones de personas. Hoy en el medio rural, el sector servicios acapara más del 50% de la actividad económica. El sector agrario apenas supone un cuarto del total de sus trabajadores (y continúa descendiendo) y su peso en el PIB rural no llega al 10%. Esos son los datos.
La población abandona el medio rural porque, lejos del mito, no se vive bien. No hay oportunidades. El acceso al transporte es más complejo, escaso. El desequilibrio poblacional, el envejecimiento y la masculinización no son un buen marco de vida. En particular, las mujeres, mucho más formadas, no encuentran horizonte. Cuando se va la última mujer, el lugar sencillamente, se condena al abandono.
Fotografía: Irene Suárez.
Equidad y servicios de calidad
Cada vez más desarrollo rural significa minimizar desequilibrios y garantizar condiciones de equidad, dotaciones y servicios accesibles de calidad con niveles de oportunidad y diversidad de oferta comparables a los urbanos. Se trata de manejar la acción pública para que el territorio se contemple de forma integral, incorporando conservación, paisaje, ciudadanía y desarrollo económico. Durante décadas se ha vinculado medio rural con actividad agraria en una visión reduccionista que lo entiende como mero espacio de aprovisionamiento. Está claro que esa visión está superada y resulta antagónica con el principio de integración. El desarrollo rural debería cambiar progresivamente su orientación productiva para volcarse en asegurar derechos y servicios públicos a los ciudadanos rurales: infraestructuras, sanidad, educación, dependencia, conciliación, energía, transporte, telecomunicaciones, emprendimiento, diversificación.
Sin embargo, en los últimos años este discurso ha dejado de estar presente en las agendas políticas. Y la articulación conjunta de conservación y agricultura no ha logrado integrarse en una sinergia positiva. Botón de muestra es la disminución de peso económico que ha tenido la conservación de los recursos naturales y del paisaje en los nuevos programas de desarrollo rural (Feader 2014-2020). De nuevo el grueso del gasto gravita sobre acciones tradicionales, básicamente las ligadas a la agricultura y la explotación productiva de los recursos naturales, en detrimento de otros sectores emergentes que plausiblemente hubieran comportado una mayor eficiencia. Por ejemplo, los ligados a la diversificación en materia de innovación, a la economía del turismo y de la naturaleza, a la valorización de los montes, o a la transformación con valor añadido de la producción local.
Conviene recordar que el Feader ha supuesto para España, en el período 2007-2013, un total de 8.053 millones de euros (M€), a los que, como cofinanciación nacional, habría que incrementar un gasto propio (repartido entre la Administración General del Estado –AGE- y las comunidades autónomas) de otro tanto. Todo ello hasta un gasto público total de 16.296 M€. Para el nuevo período de programación la aportación a España del fondo será de 8.297 M€, con un gasto público total de 13.151 M€, cifra que evidencia las presentes dificultades financieras de incorporar gasto nacional. Solo la aportación AGE pasará de los 3.161 M€ del período 2007-2013 a apenas 1.198 M€ en el nuevo.
Fotografía: Iván Pérez.
