Es una de las voces de mayor prestigio en el mundo forestal. Eduardo Rojas habla con la misma rapidez que piensa, añade continuamente datos que avalan sus opiniones, como notas a pie de página en un trabajo científico. Seguir su explicación requiere de atención y un cierto conocimiento de la materia, aunque habla directo, no navega con interesada ambigüedad en el terreno de lo políticamente correcto. Aquí se le entiende todo.
Decano del Colegio de Ingenieros de Montes, portavoz de la plataforma Juntos por los Bosques y profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. Su experiencia profesional le ha llevado desde la gerencia del Consorci Forestal de Catalunya, pasando por la consultoría externa en política forestal, hasta la subdirección general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como responsable del área de bosques.
¿En dónde está la oportunidad para el sector forestal?
La gran oportunidad es la bioeconomía. En primer lugar, en materia energética. Es absurdo pensar solo en las renovables físicas, sean eólica o solar, que requieren una gran inversión, cuando tenemos ya una parte, la biomasa, que no recibe la atención política y social que merece y que no está a merced de una meteorología concreta.
En segundo lugar, la construcción tiene un grandísimo potencial con nuevos productos que le confieren al uso estructural de la madera unas posibilidades enormes para construir incluso rascacielos más seguros, sismo-resistentes y habitables que con el acero y hormigón. Necesitamos una apuesta clara por los productos renovables, de origen biológico, y aprovecharlos de forma inteligente.
Pero ¿cómo hacer ese cambio hacia la bioeconomía?
Hay que ir transformando los modelos concentrados que representan el cemento y el hierro por modelos desconcentrados capaces de generar riqueza en las áreas rurales, que generen alimentos sanos y materias primas renovables y, además, anclado en empresas pequeñas y medianas muy repartidas por el territorio. Se trata de apostar por la diversificación del mundo rural, que no dependa solo de un producto. Esto permitirá abordar crisis futuras mejor preparados y nos proporcionará una sociedad rural más capitalizada, algo en lo que la actividad forestal es muy efectiva por el alto volumen de capital fijado.
¿Se debe pagar por los servicios ambientales?
Sin lugar a dudas, sí, pero con unas condiciones justas y equitativas. Precisamente, el problema de la despoblación interior pone en evidencia lo injusta de la situación actual en la que una minoría rural sostiene unos recursos que generan unos servicios ambientales vitales para la mayoría urbana que lo único que les aportan son restricciones. Así, es lógico que ante la miopía socio-política emigren a las ciudades. ¿Es esa la solución?
Más concretamente, ¿debe cobrar el bosque por fijar carbono?
Si admitimos “quien contamina, paga”, deberíamos reconocer que el bosque secuestra carbono, luego debería cobrar por esta aportación tan importante. Y también debería ser incentivado por el agua que genera y su aportación a la regulación hídrica. Todos los impuestos que gravan el consumo de agua se destinan exclusivamente a instalaciones, pero obvian la función de regulación clave que tienen los bosques de montaña. Los impuestos ambientales buscan internalizar los efectos ambientales negativos. Si un recurso como los bosques genera positivos, deberá ser incentivado.
La cuestión es que toda la política ambiental ha estado diseñada para reducir efectos ambientales negativos que obviamente eran los más acuciantes (contaminación, residuos, consumo de recursos no renovables, etcétera). Los problemas surgen cuando desde la política ambiental se ha pretendido trasladar los mismos mecanismos que se utilizan para reducir los impactos ambientales a actividades como repoblaciones forestales o aprovechamientos de la biomasa, que en realidad están generando servicios ambientales. Es tremendamente injusto e ineficiente.
