Los espacios rurales los gestionan las personas que viven en él. También los montes y una parte mayoritaria de este medio rural dependen de quién los gestiona. Parece evidente pensar que si la sociedad interiorizara esta relación, cada ve z en mayor medida se deberían preocupar de ello las políticas públicas. Lamentablemente no es así, incluso disponiendo de herramientas para llevarlas a cabo.
Debemos ser optimistas, porque parece ser que nuestros argumentos y reivindicaciones históricas van siendo asumidas y reconocidas por la sociedad, paso previo para que entren en la agenda política. En otros países tienen ya un largo recorrido, y en las instancias de la Unión Europea (UE) va tomando cuerpo la necesidad de destinar los escasos recursos públicos a financiar la oferta de bienes públicos para que sea lo más eficiente posible en cantidad y en calidad. Y sin embargo, todavía es complejo transmitir determinados argumentos, dada la desconexión social del territorio.
A pesar de que la actividad agraria ocupa, en términos relativos, una participación mayor en la actividad económica de los espacios rurales que en los ámbitos urbanos, no quiere decir que sea la mayoritaria, por lo que cabe la posibilidad de resolver los problemas del medio rural (despoblación, envejecimiento, falta de relevo generacional…) a través de políticas de diversificación económica (grupos de acción local-GAL). Lamentablemente, en ausencia de una política de redistribución territorial de la renta, tanto de la Administración General del Estado (AGE) como de las regionales, es la única de la que disponemos.
Confiar esta importante misión de las administraciones públicas a los exiguos recursos destinados a una reducida fracción del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), la hermana pobre de la Política Agrícola Común (PAC), parece una misión cuando menos ingenua. Se trata pues de una “cuestión de Estado” dinamizar y poner en marcha recursos públicos para ofrecer en cantidad y calidad una oferta estratégica de bienes y servicios tangibles e intangibles. Se ha diagnosticado acertadamente la situación del medio rural por activa y por pasiva y el estado de la cuestión reside en disponer de fuerzas para ejecutarlo. Todo empezará a cambiar cuando haya un verdadero reconocimiento social y por lo tanto reacción política.
En todo este discurso, el mundo forestal está presente. Ahora tenemos un buen aliado con la sensibilización por el problema de la despoblación, porque es, en mayor medida, en las zonas montañosas donde se unen las dos realidades. También tenemos herramientas. Sólo nos falta la voluntad política para ponerlas en marcha. Puede que sea más sencillo de lo que parece si fuésemos capaces de coordinarnos. El tema del aprovechamiento para biomasa de los montes es uno de los muchos ejemplos, por lo que resulta extraño que no se haya desarrollado ya.
España es un país forestal, el tercero en la UE por recursos absolutos de biomasa forestal (sólo por detrás de Suecia y Finlandia) y el séptimo en términos per cápita. Cuenta con una superficie de 27.664.674 hectáreas (57 por ciento del total), y es el país con mayor incremento de bosques, con un ritmo de crecimiento anual del 2,2 por ciento, muy superior a la media de la UE (0,51 por ciento).
