El Gobierno aprobó el 25 de febrero una serie de medidas con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y lograr para sus productores unos precios justos. El anuncio, realizado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se produjo en la Mesa de Diálogo Agrario con las organizaciones profesionales (ASAJA, COAG y UPA), que lideraron las masivas movilizaciones del sector en ese mes.
El Real Decreto-Ley modifica la Ley de la Cadena Alimentaria en aras de un mejor reparto en la cadena de valor. A partir de ahora será obligatorio que los costes de producción de los productores figuren en los contratos y se prohíbe la venta a pérdidas. Se busca impedir así que los productores se vean obligados a vender por debajo de estos costes.
Los cambios normativos alcanzan también a las intermediaciones y ventas en destino. Los distribuidores ya no podrán banalizar productos en sus promociones (regalándolos con otras compras), y pasan a considerarse infracciones graves (sancionadas con hasta 100.000 euros) la no formalización de contratos alimentarios. El Gobierno remarcó asimismo el compromiso de luchar por mantener el presupuesto de la PAC para el periodo 2020-2027.
Otras medidas para asegurar la viabilidad de las explotaciones fueron aprobadas por el congreso de los diputados el 25 de marzo, tras reuniones de las mesas de negociación para el sector agrario, como aumentar el presupuesto a los seguros agrarios, un cambio en la fiscalidad de las ayudas a jóvenes agricultores (que ahora podrán fragmentar en 4 años) y bonificaciones en las cuotas para transformar contratos temporales en fijos (o en fijos discontinuos). Se van a blindar las bonificaciones al gasóleo, se abrirán líneas de ayuda al autoconsumo energético y se reducirán a 20 peonadas las necesarias para acceder al subsidio.
El ministro Luis Planas defendió la urgente necesidad de las medidas, anunció la “inminente” trasposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, y tuvo en el pleno palabras de reconocimiento para los productores y distribuidores agrarios, garantía de suministro en los momentos de crisis sanitaria que vive el país.
La valoración de las organizaciones agrarias ha sido positiva, aunque consideran que las medidas siguen siendo insuficientes. UPA calificó como “conquista histórica” lo aprobado y espera que estas medidas sean solo un primer paso. Asaja apuntó que serán de difícil cumplimiento. Por su parte la COAG ha manifestado dudas sobre los precios en los contratos en el caso de que quede “a la elección de las partes utilizar los índices del MAPA”.
En un marco normativo como el europeo, en el que no es posible la regulación directa de precios, se espera que estas medidas aporten mayor trasparencia, refuercen la posición negociadora de los productores, y contribuyan decisivamente a un cambio de dinámica que mejore las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos. Luis Planas defendió que estas medidas son pasos “muy claros y firmes para responder a gran parte de las demandas del sector”, siendo conscientes de que estos problemas no tienen una solución fácil e inmediata.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Tragsatec y las universidades de Córdoba y Málaga han comenzado a diseñar una plataforma digital destinada especialmente a agricultores y ganaderos en el comienzo de su andadura profesional, que podría ayudar al relevo generacional en las explotaciones agrarias.
En esta primera fase de desarrollo se han consultado las opiniones y necesidades de varios jóvenes productores y técnicos agrarios, para definir con claridad qué requerimientos deberían cumplirse. La propuesta inicial contempla así una necesidad básica en el desarrollo rural: asegurar la continuidad profesional en el campo con savia nueva; y pretende funcionar como una “oficina de información de bolsillo sobre la incorporación a la actividad agraria”. El asesoramiento en las gestiones necesarias de cualquier explotación alcanzaría no obstante a cualquier profesional. Otros objetivos son dotar a esta arquitectura de una aplicación, y la capacidad de interactuar con otras redes sociales. Esta iniciativa de UPA, desarrollada a través del GO Agricultores Jóvenes en Red, está, cofinanciada por el Feader y el Programa Nacional de Desarrollo Rural, y cuenta con Fademur y CaixaBank como socios colaboradores. Se prevé su lanzamiento público en julio de 2021.
Un total de 16 grupos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en disciplinas tan dispares como agricultura, demografía, ganadería de montaña, metalurgia o robótica agraria, están participando en la plataforma Alternativas Científicas Interdisciplinares contra el Despoblamiento Rural (Alcinder), de intercambio de conocimiento, para generar iniciativas de I+D+i que traigan o fijen población en zonas con falta de oportunidades.
Coordinados por la investigadora del Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, y apoyados por empresas como artica+i y seresco, el análisis conjunto de las particularidades de cada zona con enfoques científicos y técnicos, busca "facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables, que combinen tecnología punta, recursos naturales agrícolas y ganaderos, cultura, paisaje y capital humano". Entre esas propuestas podrían estar la recuperación de variedades o de patrimonio y la producción a partir de recursos locales, como un primer proyecto de elaboración de aceites con semillas de uva.
El plan de actuación de Alcinder se desarrollará en 3 años y abarca comarcas de montaña de Galicia, León y Asturias; zonas especialmente castigadas por el abandono: un excelente campo de pruebas para perfilar una herramienta exportable después a más regiones.
Un estudio publicado en la revista científica PNAS, liderado por el profesor Ignacio Morales, concluye que el cambio climático podría alterar drásticamente la geografía vitivinícola en unas décadas. Por ejemplo, con un incremento de temperaturas limitado a 2°C, en el marco del Acuerdo de París, el 56% de las regiones tradicionales dejarían de ser aptas para la producción de vino.
En este escenario, las alternativas que los autores señalan serían migrar a las nuevas zonas óptimas para cada variedad, o cambiar de uvas, en función de la fenología. Uvas de envero temprano y veranos más calurosos podrían generar en el mosto más azúcares de los deseables, y con ellos dar lugar a peores vinos, con más alcohol y menos ácidos. Para evitarlo, algunos viñedos franceses ya están migrando al sur de Inglaterra. El desplazamiento in situ, es decir, la sustitución varietal por uvas de maduración más tardía, que sufran menos las consecuencias de veranos más largos, sería la llave para permanecer.
Estas permutas varietales reducirían las pérdidas del 56 al 24%. Ciertamente, tendríamos borgoñas con uvas syrah, de maduración tardía, en vez de las tempranas pinot noir, forzadas a migrar. En el escenario de un incremento de 4°C, los cambios reducirían las pérdidas del 85% hasta el 58%.
El Consejo anual de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, se reunió en su sede de Roma el pasado febrero e instó a los gobiernos de sus 177 estados miembros, a aumentar sus inversiones en desarrollo rural como un arma más contra el hambre y la pobreza que acarrean los conflictos y el cambio climático. Este organismo de Naciones Unidas es co-inspirador con la FAO del Decenio de las Naciones Unidas de la agricultura familiar. Su vicepresidente, Donal Brown, declaró que “las respuestas humanitarias sirven para hacer frente a los síntomas de los conflictos y desastres naturales, pero solo el desarrollo rural puede hacer frente a los problemas de fondo”.
El Decenio, que inició su andadura en 2019, pretende revalorizar la importancia de los modelos de agricultura familiar, que suponen más del 90% de las explotaciones en todo el mundo, para garantizar un futuro alimentario global que sea sostenible y mejore las condiciones de vida de los productores. Su plan de acción se apoya en siete pilares básicos, que remarcan la importancia de las políticas de apoyo a jóvenes y mujeres rurales, a la innovación y a las organizaciones de agricultores familiares.
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) celebró el pasado 20 de febrero en Madrid el segundo año de su lanzadera de emprendimiento Ruraltivity en un evento al que acudieron más de 200 personas.
El asesoramiento en comercialización, distribución, marco jurídico y de mercado que ofrece esta plataforma ha llegado ya a más de 200 proyectos, la mitad de ellos liderados por mujeres menores de 40 años, con la igualdad de oportunidades como principio inspirador. Su presidenta, Teresa López, defendió en el encuentro el valor que tiene el emprendimiento contra el despoblamiento para que “quienes vivimos en los pueblos nos podamos quedar. Las mujeres rurales transformamos oportunidades en ideas de negocio”.
En las jornadas, que contaron con la presencia de la vicepresidenta Teresa Ribera y la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Isabel Bombal, se anunció la campaña ‘Ningún Niñ@ sin Pueblo’, cuyo objetivo es acercar a la infancia urbana el mundo rural; una edad en la que “es posible desarrollar un vínculo imprescindible para amarlo”, en palabras de su impulsora, Marta Corella.
La Política Agraria Común pos-2020 fue el principal foco de trabajo en el 16º Encuentro de redes rurales nacionales, celebrado en Calatayud del 3 al 5 de marzo, en el marco de las reuniones de coordinación y formación que periódicamente convoca la Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD).
Allí se abordó la situación actual de las redes rurales nacionales y su mejor modo de actuación ante la futura PAC y los planes estratégicos de su nuevo periodo 2021-2027. El objetivo primordial de las redes es llegar mejor al territorio, incluyendo activamente a todos los agentes interesados, y potenciando aún más la sinergia entre redes y beneficiarios.
Para perfeccionar este objetivo los participantes pudieron asistir el día 4 a un taller sobre técnicas de facilitación. Cumplir lo mejor posible estas tareas con las partes interesadas es un elemento esencial en su trabajo diario, de especial interés en el diseño de los futuros planes estratégicos de la PAC. El día 5 se pudo ver in situ proyectos LEADER de Grupos de Acción Local como ADRI Calatayud- Aranda, o el proyecto de cooperación “Territorio Mudéjar- Circular desde la escuela rural”.
La próxima reunión, el 7 de mayo, se desarrollará vía web por la crisis de la COVID-19 y se centrará en la gestión de las redes rurales.
L a declaración por el Gobierno del estado de alarma por la COVID-19 establece que debe garantizarse el abastecimiento alimentario, por lo que las producciones agraria y pesquera, la de sus centros de abastecimiento, y la transformación, distribución y comercialización de sus productos, han sido declaradas actividades esenciales. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha detallado algunos cambios urgentes que garanticen el trabajo y ha recomendado algunas actuaciones para dar seguridad a sus profesionales.
Se ha decretado la interrupción de todos los plazos en la tramitación de procedimientos administrativos ligados a la Política Agraria Común (PAC) y al sector pesquero. Los desplazamientos a los puestos de trabajo están permitidos, así como la venta de los insumos necesarios en la actividad (semillas, fertilizantes, piensos…). Para la actividad pesquera, con mayor riesgo de contagio por la cercanía de los tripulantes, se recomienda extremar las medidas de higiene en la limpieza de buques, en los embarques y faenas a bordo.
La situación económica es especialmente preocupante en sectores como la carne de cordero, la flor cortada y ciertos segmentos de flota, por su alto porcentaje de venta a minoristas, que han cesado su actividad en esta situación. Luis Planas ha solicitado a la Comisión Europea que asegure el intercambio comercial con terceros, movilice los recursos financieros y jurídicos previstos en las medidas de excepción para los mercados agrícolas, y adopte medidas urgentes para evitar el deterioro del sector pesquero.
