El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló el pasado junio, ante la Comisión de Agricultura del Senado, que los dos retos principales de su Ministerio para este año serían la modificación definitiva de la ley de la cadena alimentaria y las acciones sobre la Política Agraria Común (PAC). Respecto a la primera, el Ministerio espera remitir a las Cortes este otoño el proyecto de ley que completará el Decreto 5/2020, aprobado en febrero. A los elementos ya implementados —obligatoriedad de contrato por escrito, con los costes de producción, y la prohibición de venta a pérdidas—, se incorpora la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.
En cuanto a la PAC, el Consejo Europeo extraordinario de julio aprobó destinar 47.682 millones de euros para España en el periodo 2021-2027, “unos 6.800 millones anuales que se inyectarán al sector, en el que tenemos unos 700.000 perceptores”, dijo Planas, que calificó esa jornada como “histórica”; y el Consejo del pasado 21 de septiembre elevó la cifra hasta los 47.724,30 millones, “ya corroborados por la Comisión Europea (CE)”. Crece el optimismo ante la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la nueva PAC en octubre, que incorporará figuras clave para la sostenibilidad, como los ecoesquemas o el agricultor genuino, aunque ya no entrará en vigor hasta 2023, y en los próximos dos años se continuará ejecutando como hasta ahora. España podría presentar su Plan Estratégico a principios de 2021.
La Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD) ha celebrado la segunda edición de sus Premios de Inspiración Rural, ideados para fomentar las buenas prácticas en el uso de los recursos y en la lucha contra el cambio climático.
Los holandeses BRICKZ ganaron en la categoría de Bioeconomía, por su proyecto de transformación de residuos orgánicos en bloques fertilizantes, mientras que los dos premios sobre cambio climático se fueron a Centroeuropa. En la categoría de Mitigación fueron reconocidos los checos de EKOFARMA, por la recuperación de su ecogranja en Moravia, una zona muy dañada tras años de agricultura intensiva; y la de Adaptación recayó en el proyecto austriaco de trasporte público ecológico FUMOBIL. Además, hubo un premio otorgado por voto popular para la explotación eslovena Cernelic, por su trabajo en la rotación de cultivos y el compostaje de excrementos bovinos.
Tres proyectos españoles fueron preseleccionados. Dos de ellos en la categoría de Adaptación al Cambio Climático: Ecopionet (segunda en voto popular, a solo 64 votos de Cernelic), por su proyecto de agricultura ecológica de secano; y el GO Setos, por su trabajo en setos verdes en terrenos agrícolas. En la categoría de Mitigación del Cambio climático compitió ENFOCC, por su actividad en torno a la gestión forestal sostenible y la promoción de calderas públicas de biomasa en los municipios rurales.
La Comisión Europea ha puesto en marcha las estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad 2030”, enmarcadas en el denominado pacto verde, con el objetivo de lograr un sistema alimentario más justo, sano y respetuoso con el medio ambiente. Para alcanzarlo, la primera de ellas se ha marcado como metas retirar de la producción el 10 % de las tierras agrarias, reducir en un 20 % el uso de fertilizantes y en un 50 % el de fitosanitarios, y llegar a 2030 con un 25 % de la superficie dedicada a la producción ecológica.
Sin embargo, aunque los mecanismos para alcanzar estos objetivos solo están empezando a perfilarse, ya existen reticencias en productores españoles, especialmente del sector ganadero, que prevén una adaptación costosa de sus explotaciones y temen una pérdida de competitividad frente a las exportaciones de terceros países. Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación, ha afirmado que aún falta un análisis de impacto previo y ha asegurado que los cambios contarán con la opinión de los productores, que deben tener “un incentivo y una forma clara de aplicarlos”.
Hay consenso en que el avance del sector deberá realizarse a través de una agricultura de precisión, que detecte las necesidades concretas de un cultivo y sus tratamientos y logre mayor efectividad, productividad y reducción de costes. La sensibilización del consumidor será otro elemento fundamental.
El proyecto de ley de cambio climático ha iniciado su andadura parlamentaria tras su aprobación en Consejo de Ministros. El objetivo es alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050, tras un proceso con multitud de etapas intermedias y un marco normativo muy amplio, que se implementará a través de sucesivos planes nacionales de energía y clima.
La primera etapa, de 2021 a 2030, pretende lograr una reducción del 23 % respecto a 1990 en las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que supondrá retirar una de cada tres toneladas de CO2 emitidas en la actualidad. Para ello, el 70 % del sistema eléctrico nacional deberá abastecerse solo con fuentes renovables, de forma que el 35 % del consumo global de energía sea completamente verde. No se permitirá el fracking ni nuevas explotaciones de hidrocarburos, y se posibilitará combinar diferentes tecnologías en una misma instalación. Otro pilar será la rehabilitación de edificios, imprescindible para alcanzar la eficiencia energética. Un comité de expertos de cambio climático y transición energética hará una evaluación anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados.
Todos estos cambios deberían actuar como “palancas de reactivación económica”, en palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero. La inversión en 10 años alcanzaría los 200.000 millones de euros, generando entre 250.000 y 350.000 nuevos empleos netos anuales y un incremento del 1,8 % del PIB en 2030, frente a un escenario sin medidas.
El Parlamento europeo decidió el pasado 19 de junio incrementar las ayudas de emergencia a los agricultores y PYMES agrícolas del Fondo para el Desarrollo Rural propuestas por la Comisión. La denominada ayuda temporal a los agricultores y las PYMES afectados por la crisis COVID-19 va a permitir a los países destinar dinero de sus fondos FEADER no utilizados en los programas de desarrollo rural (PDR) a unos pagos a tanto alzado destinados a los agricultores y PYMES más afectados. Las ayudas serán de hasta 7.000 € por agricultor y hasta 50.000 € para PYMES y cooperativas. Los Estados podrán destinar hasta un 2 % de sus programas nacionales para desarrollo rural a esta liquidez de emergencia. No obstante, algunos países ya habían agotado o asignado los fondos FEADER de sus PDR, por lo que tendrían que destinar partidas que estaban previstas para mejorar la competitividad, el medio ambiente y la calidad de vida en las zonas rurales a atender estas necesidades urgentes de liquidez.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha solicitado a la Comisión Europea la creación de un fondo para financiar esta medida, al margen del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC). El plazo para efectuar los pagos llega al 30 de junio de 2021 (seis meses más que la propuesta), pero las solicitudes tendrán que aprobarse antes de que acabe el año 2020.
El último Informe de consumo alimentario 2019, presentado por el ministro Luis Planas, ha confirmado la tendencia creciente en los últimos años a un mayor gasto en alimentos frescos por parte de la población española. El consumo total alcanzó en 2019 los 33.303 millones de kilogramos o litros (758 por persona y año), cifra casi idéntica a la de 2018; mientras que el gasto global, 105.465 millones de euros, fue un 2,3 % mayor que en el año previo. Casi dos tercios de ese gasto y el 86 % de ese volumen correspondieron a comidas realizadas en los hogares. Los productos frescos aumentaron casi un 2 % de gasto en la bolsa de la compra respecto al año anterior, y suponen un 43,1 % de esta, con frutas, hortalizas, patatas y lácteos en cabeza. Según el ministro, “el consumidor cuida su alimentación” y “está dispuesto a pagar más por productos de mayor valor añadido”, como el aceite de oliva virgen extra.
En la misma comparecencia, Planas avanzó algunas cifras de consumo durante el estado de alarma. De acuerdo con los datos de los tres primeros meses de este año, desde el 9 de marzo, el consumo en el hogar creció un 24,5 %, lo que significa 1.635 millones de kilos más que en el mismo periodo del 2019, un incremento que sin duda marcará cambios significativos en el informe de 2020.
A pesar de las dificultades de este año, los organizadores de PRESURA han decidido mantener su carácter presencial en la cuarta edición, que tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre en Soria. Esta decisión es una apuesta en favor de las iniciativas de las comarcas más despobladas para que sus actores continúen utilizando este foro para intercambiar ideas y establecer alianzas y nuevos proyectos. Con el lema “Lo rural es la vanguardia”, el encuentro de este año tiene aún pendiente concretar su programa. En los meses previos ha estado precedido por una gira de presentación en 41 ciudades y pueblos, desde Navarra a Málaga, lo que ha supuesto recorrer más de 5.000 km con su “autobús de la repoblación”, trasmitiendo y recibiendo mensajes de cultura e innovación en el espacio rural, para que artistas, escritores y gentes de todo el país descubran y aporten en este viaje su particular visión. Varios vídeos de su canal dan fe de esta actividad y de las perspectivas de la feria 2020.
En el primer día de esta gira de presentación, la directora de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, resaltó la importancia de un desarrollo justo, equilibrado, sostenible e inclusivo en el medio rural; y adelantó un proyecto de plan de acción para las mujeres rurales que garantice su igualdad y reconozca su fundamental labor.
L a Fundación de Estudios Rurales dio a conocer los ganadores de sus galardones de este año, destinados a reconocer el trabajo de diferentes actores del mundo rural en sus diversas perspectivas. En esta 21 edición, la Fundación ha distinguido a la alcaldesa de Orea, Marta Corella, por su lucha contra el despoblamiento mediante los proyectos que ha impulsado junto a otras mujeres de su comunidad. El premio de Cultura ha recaído en el chef José Andrés, por su labor “valiente, incansable y comprometida” con los alimentos de España y los valores democráticos. En Ciencias Sociales se ha premiado al doctor Antonio González Cabrera, expresidente de la Red Española de Desarrollo Rural, por ser un “luchador incansable por la sanidad pública rural”. Se ha reconocido también la valiente respuesta de una mujer, apuñalada por su expareja en 2019, y la labor del taller de lectura “La Silla de Anea”, formado por mujeres de Martos (Jaén). El Premio Especial 2020 fue a las Uniones Territoriales de UPA, como “artífices del mayor proceso de movilizaciones agrarias de la historia de España” durante el primer trimestre de 2020.
La Fundación entregará sus premios en un evento que se celebrará el próximo mes de octubre en Madrid, por vez primera de forma independiente de la presentación del Anuario de la Agricultura Familiar 2020, que tuvo lugar el 15 de julio.
Se cumple el tercer año de Diverfarming, un proyecto financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, que investiga la viabilidad de una agricultura basada en la diversificación de cultivos y en las prácticas de manejo con bajos insumos, en aras de un sistema ambiental y económicamente más sostenible.
En este 2020 se han puesto en marcha las Comunidades de Agricultores Diverfarming, un grupo de 17 explotaciones de Italia, España, Dinamarca y Finlandia, que implementarán las diversificaciones de cultivo y las técnicas de manejo sostenible investigados por el equipo científico, contando además con su apoyo técnico. Algunos ejemplos desarrollados en España fueron el incremento de producción de melón con un 30 % menos de fertilizantes en un estudio desarrollado en Murcia (estudio 16 del proyecto), donde se introdujo judía careta en el monocultivo; o la alta cosecha de avena cultivada entre las calles de un olivar experimental en Córdoba (estudio 4).
La sobreexplotación y el monocultivo imperantes en los últimos años han sido determinantes en el descenso de la biodiversidad. Según ha valorado la FAO, solo 9 de las plantas que se cultivan para obtener alimentos acaparan el 66 % de la producción agrícola mundial, lo que incide en la mengua de bosques, pastizales y polinizadores, y genera una mayor vulnerabilidad frente a plagas y erosión, así como un mayor gasto en fertilizantes y pesticidas.
